En 1975, tras la muerte del General Franco se abría un proceso de transición que daría sus frutos con la promulgación de la Constitución Española de 1979, hoy aún vigente. Pero, ¿cómo puede ser que aún siga vigente 31 años después? La respuesta es la filosofía con la que se redactó esta constitución: una filosofía integradora que intentó rescatar todas las ideologías y unir sus puntos comunes. Hoy en día, esta Constitución, aunque para algunas ideologías (las más extremistas) sea una carga, es para todo amante de la democracia un punto de encuentro, reflexión y ante todo, un anclaje que permite asegurar los derechos básicos de los ciudadanos.
Por supuesto que abran puntos que han quedado anticuados y que se deben reformar a no muy largo plazo, ya que esta muestra una visión de la España de la época, pero a pesar de los años, su existencia sigue siendo imprescindible en el mundo jurídico.
La educación es el pilar básico de cualquier sociedad democrática. De su calidad y sus valores, depende el futuro del mundo. La reflexión es simple: si enseñas a pensar, la gente pensara; si enseñas a cultivar maíz, tendrás un mundo lleno de cultivadores de maíz, y si enseñas (y afirmas) la existencia de Dios, posiblemente, tendrás un mundo lleno de creyentes.
Ante esta reflexión y desmarcándome de los motivos de protesta manifestados por el Sindicato de Estudiantes, manifiesto:
1) La necesidad de redactar una ley DEFINITIVA capaz de garantizar los derechos y deberes básicos de la sociedad educativa. No pueden redactarse y aprobarse una ley diferente cada legislatura, como tampoco es aceptable la redacción de una ley totalmente abstracta, puerta de entrada a la imposición de valores, pensamientos y el fin del pensamiento critico.
2) La necesidad de redactar una ley que garantice una educación pública y laica, independiente a cualquier organismo privado que pueda implantar una filosofía y visiones propias y alejadas del pensamiento critico.
3) La necesidad de redactar una ley que garantice una educación totalmente gratuita, capaz de soportar crisis y cualquier imprevisto que surja, con una financiación capaz de soportar cualquier dificultad económica para los estudiantes, especialmente para aquellos que no tienen aún la capacidad legal, física o horaria para trabajar.
4) La necesidad de redactar una ley que garantice una educación critica y en valores, donde los estudiantes tengan la máxima importancia, ya que ellos, como pilar básico, deben ser los grandes beneficiados de un sistema, que actualmente los hace el colectivo más vulnerable.
5) La necesidad de redactar una ley definitiva con la participación ACTIVA de todos los colectivos de la comunidad educativa y también con los colectivos ajenos a ella. El presente y futuro de nuestro país sale de nuestras aulas.
Por una educación pública, laica y de calidad.
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